En un fallo reciente (rol 68.573-2023), la Corte Suprema estableció que no se puede ordenar el desalojo inmediato de un arrendatario que ocupa un inmueble sin contrato escrito, sin antes pasar por un proceso judicial que garantice su derecho a defensa. Esta sentencia marca un importante precedente sobre los derechos de quienes arriendan de manera informal, práctica muy común en sectores vulnerables del país.
El fallo refuerza la aplicación del debido proceso en juicios de precario, indicando que incluso ante la inexistencia de contrato, los ocupantes tienen derecho a una audiencia previa antes de ser desalojados.